María Victoria Gómez es la responsable de control de pérdidas en UFD, nuestra distribuidora eléctrica, y ha vivido en primera persona el exponencial aumento de casos de fraude que se ha dado en el sector eléctrico desde la crisis económica de 2008 hasta convertirse en el problema generalizado que este fenómeno supone actualmente para España, donde se estima que puede llegar a haber hasta 200.000 conexiones ilegales, en muchos casos vinculadas a actividades ilícitas.
Su prioridad, y la de todo UFD, es luchar contra esta actividad ilegal que supone un gran riesgo para la seguridad de las personas, así como un quebranto económico para el sistema eléctrico, con un coste anual estimado de 2.000 millones de euros que recae sobre el conjunto de los consumidores, que ven aumentada su factura eléctrica.
Gracias a las actuaciones llevadas a cabo en sus zonas de distribución (Galicia, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León), UFD ha logrado recuperar en 2024 más de 133 GWh de energía consumida de forma fraudulenta, una cantidad que equivale al consumo anual de 41.800 viviendas.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de fraude eléctrico?
Toda la energía que se consume en un punto de suministro debe ser debidamente registrada en los equipos de medida para que pueda ser facturada, tanto para el pago de los peajes por el uso de red como para la compra de esa energía en el mercado. Hablamos de fraude cuando la energía no se registra debidamente en el equipo de medida porque el titular de la instalación, de manera intencionada, manipula o bien el equipo de medida existente o las conexiones del mismo a la red (suministros con contrato con una comercializadora) o se conecta a la red sin formalizar un contrato de acceso (suministros sin contrato con una comercializadora).
También hay otro tipo de situaciones que ocasionan pérdidas de energía en nuestra red pero que no tienen la consideración de fraude, como por ejemplo las pérdidas técnicas (las pérdidas debidas a las leyes físicas que regulan los flujos de electricidad) o las pérdidas por ‘irregularidades’ donde no existe intencionalidad por parte del usuario, sino que provienen de un erróneo funcionamiento del equipo de medida.
¿Es el fraude un fenómeno reciente?
No es reciente, pero sí es cierto que se ha disparado especialmente desde la crisis económica de 2008. Después, algunos cambios regulatorios no favorecieron el uso de mecanismos que habían sido antes eficaces para la gestión del fraude. Todas las crisis posteriores, incluida la derivada del COVID-19, han ido intensificando esta situación. Y al mismo tiempo, la falta de medidas legales que desincentiven el fraude y el alto coste de la energía no ayudan a combatirlo.
En concreto, las conexiones fraudulentas a la red de UFD crecieron un 28% entre 2008 y 2013. Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, esta práctica ha aumentado a un ritmo aún más elevado que en el periodo citado, provocando un incremento de los fraudes detectados de alrededor del 300% desde 2021.
¿Por qué la lucha contra el fraude es una prioridad para UFD?
UFD, como distribuidora de electricidad, desarrolla una actividad regulada y, por tanto, retribuida por el Estado, lo que supone además una obligación de prestar el servicio con unos estándares mínimos de eficiencia y calidad que repercuten en la retribución mediante un mecanismo de incentivos. Esto es en sí un aliciente para que UFD desconecte de sus redes todas las derivaciones no autorizadas que suponen pérdidas y, por tanto, afectan a la eficiencia y calidad del servicio.
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, establece entre las funciones de las empresas distribuidoras las referidas a la detección y puesta en conocimiento de autoridades y clientes de las situaciones de fraude en la red y en los equipos de medida. El art. 87 del RD 1955/2000 habilita a las empresas distribuidoras a interrumpir el suministro cuando detectan situaciones anómalas en las instalaciones o equipos de medidas.
Pero hay más: cualquier conexión o manipulación ajena al diseño inicial y normativo de la instalación constituye un ‘punto débil’ en la red que no sólo afecta al punto de suministro donde se realiza el fraude, sino que puede llegar a afectar a la seguridad de otros puntos de la red.
¿En qué consiste la actuación de UFD?
Por un lado, realizamos un análisis de zonas en las que se detectan mayores pérdidas no técnicas para concentrar ahí los esfuerzos. A eso responde nuestro esquema de control de energía que es único en el sector y que nos permite identificar las bolsas donde se centran los mayores problemas de pérdidas. Este esquema se ha podido desarrollar gracias a una arquitectura de energía que cuenta con equipos de medida en los diferentes nodos de nuestra red y que permiten realizar balances energéticos en diferentes ámbitos (niveles de tensión, áreas geográficas e instalaciones).
En Baja Tensión, gracias a la telegestión y a la comparación entre las pautas de consumo de los suministros potencialmente anómalos, considerando variables climatológicas, contractuales y de actividad económica, somos capaces de seleccionar los puntos con alta probabilidad de fraude.
Por otro lado, disponemos de un protocolo para detectar los posibles consumos excesivos desde los centros de transformación, cuando no se corresponden con el número y tipo de suministros asociados a esas instalaciones. Esta vigilancia es clave ya que, en ocasiones, estas conexiones pueden llegar a ponerlos en riesgo de incendio, al superar en algunos horarios su capacidad de carga.
De esta forma, se revisan telemáticamente las pérdidas de energía asociadas, tanto en volumen de energía como en horario. Con la información obtenida, cuando la compañía sospecha de un posible fraude que podría estar relacionado con un cultivo indoor de marihuana, lo pone en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son los que a partir de ese momento se hacen cargo de la investigación.
¿Qué resultados tienen todas estas acciones?
En 2024, UFD realizó más de 41.600 actuaciones repartidas entre sus zonas de distribución (Galicia, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León). De esta forma, la compañía logró recuperar más de 133 GWh de energía consumida de forma fraudulenta, una cantidad que equivale al consumo anual de 41.800 viviendas.
Las actuaciones llevadas a cabo se saldaron con la apertura de 12.140 expedientes por fraude en el conjunto de las regiones en las que opera. Madrid registró el mayor número de casos, con un total de 5.175 expedientes, seguida de Castilla-La Mancha (3.384), Galicia (3.191) y Castilla y León (390).
Estas actuaciones nos permitieron además interceptar y recuperar la electricidad consumida de forma fraudulenta por 155 dispositivos indoor, la gran mayoría vinculados con plantaciones de marihuana. Se trata de instalaciones que consumían de forma ilegal una cantidad anual de 3,7 GWh, equivalente a la demanda energética de cerca de 1.150 viviendas.
¿Qué consecuencias tiene el fraude eléctrico?
El fraude eléctrico es un riesgo material para las cosas, principalmente por causa de incendio, debido a la ausencia de las debidas protecciones; y también para las personas, tanto de los que hacen la manipulación para el fraude, como para los terceros que puedan interaccionar con la red manipulada. Las conexiones ilegales pueden provocar incendios y otro tipo de accidentes, y ponen en riesgo tanto a la persona que las realiza como a las que conviven con ella y a sus vecinos.
Por otro lado, representa un quebranto económico para el sistema eléctrico, ya que, según la normativa en vigor, el coste de la energía defraudada termina recayendo en el conjunto de los usuarios conectados legalmente a la red. Cada kWh consumido implica costes desde las fuentes de generación hasta los consumidores finales, de manera que, si no se factura íntegramente la energía consumida, se produce un desajuste en el ciclo de ingresos del sistema eléctrico, generando un coste adicional que asumimos entre todos los consumidores legales para restituir el balance económico del sistema eléctrico.
De ahí la famosa frase de “el fraude lo pagamos todos” ya que, entre todos, soportamos los costes de ‘cuadrar’ el sistema. Según algunas estimaciones, este coste rondaría los 2.000 millones de euros anuales.
¿Qué tipo de fraude os encontráis?
Hay tres modalidades básicas de fraude eléctrico: manipular el contador; puentear el contador para que la energía no sea medida; y la conexión a la red eléctrica.
En España, el sector estima que hay más de 200.000 conexiones ilegales, en muchos casos vinculadas a actividades ilícitas. El fraude está vinculado en numerosas ocasiones a mafias que utilizan las casas okupadas para realizar plantaciones indoor de marihuana, como lugar de refugio y para esconder los botines de sus hechos delictivos, “granjas” de criptomonedas, etc.
Se trata de un problema generalizado en España. Algunas áreas de Cataluña, el Sur de la Comunidad de Madrid, provincia de Toledo, Canarias… son áreas de especial intensidad en el fraude eléctrico en las que también se producen altos índices de ocupación de viviendas y tráfico de drogas. En todo caso, el fraude no se limita únicamente a rentas bajas, ya que también se produce en zonas de alto nivel adquisitivo o en otros sectores como el terciario (hoteles, restaurantes…).
¿Qué podemos hacer si detectamos algún tipo de fraude eléctrico en nuestro entorno?
La manipulación irregular de las instalaciones eléctricas constituye un delito o falta recogido en el Código Penal (artículo 255) penado con multas de hasta 12 meses de cárcel.
Desde UFD ponemos a disposición de los consumidores un canal de denuncias anónimo en nuestra página web https://www.ufd.es/denuncia-de-irregularidades/ para recibir información ante cualquier sospecha de que se esté produciendo una conexión ilegal a la red eléctrica o una manipulación del contador.
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