El modelo de retribución de la actividad de distribución eléctrica se basa en un enfoque de costes establecido en 2013, con vigencia desde 2016, y que no ha sido actualizado hasta la fecha, a pesar de la inflación experimentada durante el período. Esto, unido al efecto de la coyuntura económica de los últimos años sobre la Tasa de Retribución Financiera (TRF) correspondiente al próximo periodo regulatorio, pone en riesgo las inversiones necesarias en el sector.