España es la única gran economía de Europa que carece de una estrategia de implantación de la cadena de tecnologías para la reducción de las emisiones de CO2 (CCUS), además de existir barreras regulatorias a nivel de país y de la Unión Europea (UE), que provocan que los proyectos españoles de CCUS no puedan acceder a todos los fondos que otorga la Comisión Europea, con la consiguiente pérdida de competitividad de las industrias españolas de difícil descarbonización y el riesgo de desindustrialización que ello comporta para nuestro país.
