Fundación Naturgy ha presentado hoy el estudio “Energías renovables: desarrollo e integración social y territorial”, elaborado por el Institut Cerdà, que analiza los retos y oportunidades del despliegue de infraestructuras renovables en España desde una perspectiva social, territorial y de política pública. El documento analiza el contexto climático y energético actual, el proceso de implantación de proyectos renovables y su relación con el territorio, identificando beneficios, barreras y buenas prácticas. Además, pone el foco en la importancia de integrar los proyectos en el territorio y en las comunidades locales como condición imprescindible para avanzar hacia una transición energética eficaz, justa y sostenible.
La transición energética se ha consolidado como una prioridad ineludible para hacer frente a la emergencia climática y avanzar hacia un modelo energético más sostenible, seguro y competitivo. En este contexto, el despliegue de energías renovables –con especial protagonismo de la solar fotovoltaica, la eólica y los gases renovables como el biometano– es clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reforzar la seguridad del suministro y cumplir con los compromisos climáticos asumidos por España y la Unión Europea.
El informe destaca que España cuenta con uno de los mayores potenciales en energías renovables de Europa, gracias a sus condiciones naturales y a su capacidad industrial y tecnológica. En 2024, las renovables superaron por segundo año consecutivo a las fuentes no renovables en la generación eléctrica, y los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima marcan una hoja de ruta ambiciosa hacia 2030 y 2050. No obstante, alcanzar estas metas exige un despliegue masivo de infraestructuras energéticas, acompañado de redes, sistemas de almacenamiento y soluciones que aseguren la estabilidad del sistema.
Este despliegue, subraya el documento, tiene un impacto directo sobre el territorio y las comunidades locales, especialmente en el ámbito rural, donde se concentran la mayoría de las instalaciones. Si bien las energías renovables generan importantes beneficios económicos, sociales y ambientales –como la creación de empleo, el impulso al desarrollo local y la mejora de la autonomía energética–, también plantean retos ligados al uso del suelo, la protección del paisaje, la biodiversidad y la convivencia con las actividades tradicionales.
Por ello, la aceptación social y la integración territorial se convierten en factores determinantes para el éxito de los proyectos. El informe pone el acento en la responsabilidad compartida de mantener un proceso continuo basado en el diálogo temprano, la transparencia, la escucha activa y la generación de beneficios tangibles para el entorno. La falta de una gestión adecuada del componente social puede derivar en conflictos, retrasos administrativos y judicialización de proyectos estratégicos para la transición energética.
Finalmente, el estudio propone un conjunto de buenas prácticas y recomendaciones dirigidas a todos los actores, como empresas, administraciones públicas, tejido social y agentes técnicos y económicos. Todas ellas coinciden en un mensaje clave: solo desde la corresponsabilidad, la planificación rigurosa y la colaboración entre todos los actores será posible convertir el despliegue de las energías renovables en una oportunidad real de desarrollo territorial, cohesión social y lucha efectiva contra el cambio climático.
Durante la presentación del estudio, Marta Bellera, directora del Área de Gestión de Riesgos del Institut Cerdà, ha explicado que el despliegue acelerado de renovables “está transformando profundamente el territorio y las dinámicas socioeconómicas locales”. Según Bellera, “la clave no es solo dónde se implantan los proyectos, sino cómo se planifican, cómo se comunican y cómo se distribuyen sus beneficios”. El informe subraya que España cuenta con un extraordinario potencial renovable, pero advierte de que la complejidad administrativa, la judicialización de proyectos y la falta de aceptación social pueden ralentizar el ritmo necesario para cumplir los objetivos climáticos.
El coloquio posterior, moderado por Lluís Inglada, director del Área de Gestión e Innovación del Territorio del Institut Cerdà, ha reunido a representantes de la administración pública, el ámbito empresarial, el análisis territorial y el gobierno local.
Silvia Sanjoaquín, directora de Transformación, Tecnología y MMAA, Generación Renovable de Naturgy, ha señalado que “la transición energética solo será posible si combinamos descarbonización, seguridad de suministro y competitividad, y eso exige un diálogo permanente entre todos los actores. En Naturgy creemos que la integración territorial empieza por diseñar y operar proyectos desde el punto de vista técnico y social, generando valor compartido con el territorio. El reto es enorme, ya que debemos pasar de medio teravatio hora de biometano hoy a 20 en 2030, y esto implica desarrollar muchísimas instalaciones en muy poco tiempo, por lo que será clave avanzar conjuntamente y hacer más eficientes los procesos”.
Por su parte, Jaume Margarit, jefe de Planificación Energética del Institut Català d’Energia (ICAEN), ha recordado que el reto de la transición energética en Cataluña es enorme y solo será posible si “conseguimos que encaje en el territorio y cuente con aceptación local. El PLATER (Plan territorial sectorial para la generación eléctrica eólica y fotovoltaica, sus líneas de evacuación y sus elementos de almacenamiento) nace precisamente para ordenar este proceso, repartir de forma equilibrada el esfuerzo entre todos los municipios y los agentes implicados y ofrecer seguridad tanto a los entes locales como a los promotores, integrando criterios ambientales, urbanísticos, agrícolas y sociales para que esta transformación se haga pensando también en los beneficios para el territorio”.
Desde la perspectiva local, Víctor Torrents, de la Associació Catalana de Municipis (ACM) ha afirmado que “los ayuntamientos compartimos al 100% la necesidad de avanzar en la transición energética, pero las oportunidades son locales y deben abordarse respetando siempre la autonomía municipal. Nuestro papel también es facilitar este proceso, ayudando a impulsar proyectos de eficiencia energética, movilidad eléctrica o renovables con condiciones ventajosas, aunque todavía queda camino por recorrer para que estas implantaciones generen una riqueza tangible y duradera en el territorio”.
La apertura de la jornada ha corrido a cargo de María Eugenia Coronado, directora general de Fundación Naturgy, quien ha destacado que la transición energética supone un reto colectivo a gran escala que no puede afrontarse únicamente desde un enfoque técnico o normativo. En este sentido, Coronado ha destacado la importancia de incorporar las energías renovables de forma equilibrada en el territorio, tener en cuenta la voz de las comunidades locales y promover la implicación de todas las partes para asegurar el éxito de los proyectos y fortalecer la confianza social en este proceso.
Fundación Naturgy
Fundación Naturgy tiene, entre sus líneas de actuación, transferir conocimientos especializados sobre las nuevas tecnologías energéticas y las claves de la transición hacia un sistema de energía más sostenible, así como divulgar valores de preservación del medio ambiente y el consumo responsable de energía. Creada el año 1992 por la compañía energética, también desarrolla programas de acción social, incidiendo especialmente en actuaciones destinadas a paliar la vulnerabilidad energética, así como un programa educativo referente en materia de energía, y formación profesionalizadora para la mejora de la empleabilidad en el sector y contribuir a la promoción del empleo verde.
Este estudio se enmarca en el compromiso de Fundación Naturgy con la investigación y divulgación de soluciones sostenibles frente a los retos energéticos y medioambientales. La entidad impulsa proyectos que promueven la resiliencia y la transición hacia modelos más sostenibles, colaborando con expertos y universidades para aportar conocimiento riguroso y útil a la sociedad.