La iniciativa insignia de la nueva Comisión Europea será el Pacto Industrial Limpio (Clean Industrial Deal). La presidenta Von der Leyen se ha comprometido a presentar un paquete de acciones para lograrlo dentro de los primeros 100 días de funcionamiento de la nueva Comisión. La Comisión ha programado una Comunicación al respecto para el 26 de febrero, y las primeras indicaciones acerca de la forma y los objetivos de alto nivel de las propuestas y su calendario (más que del contenido) han sido proporcionadas por la ‘Brújula de la Competitividad” de la Comisión1, publicada el 29 de enero.
Christopher Jones, de Florence School of Regulation, hace un análisis en este nuevo documento publicado por Fundación Naturgy, de lo que puede, o debe, incluirse en el Pacto Industrial Limpio. Ilustra, sobre todo, que no existen soluciones fáciles para descarbonizar la industria de la UE y a la vez promover su competitividad. La UE no es la única en comprometerse a establecer unos objetivos ambiciosos de reducción de GEI, ya que la mayoría de los firmantes de los Acuerdos de París se han marcado objetivos similares de un nivel muy alto. Sin embargo, sólo la UE está adoptando medidas efectivas, que también resultan costosas, para lograrlos, y esto produce serios desafíos de competitividad y desventajas para los sectores industriales de la Unión, y especialmente para la industria estratégica con un uso intensivo de energía que está cubierta por el régimen de comercio de derechos de emisión. No es sólo el RCDE el que causa este efecto: a lo largo de la última década, la UE ha adoptado una serie de obligaciones y cargas para la industria y los consumidores, para cumplir con sus compromisos del Pacto Verde, así como una serie de requisitos ambientales y de criterios ESG (ambiental, social y de gobernanza, o en inglés environmental, social and governance), que convierten la UE en la referencia mundial en esta área.
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