La transición energética, ese gran desafío al que nos enfrentamos como sociedad para preservar nuestro planeta, tiene en el corto plazo efectos colaterales en aquellos territorios que se ven más afectados por el cambio. Se trata de regiones en las que centrales que llevaban décadas operando y generando riqueza están dejando paso a nuevas inversiones en otras alternativas energéticas más respetuosas con el medio ambiente.
El concepto de Transición Justa, impulsado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pretende que estos cambios no dejen a nadie atrás, sumando los esfuerzos de todos los agentes sociales implicados con el objetivo de proponer medidas que reduzcan la pérdida de empleos y aminoren la despoblación y descapitalización de los territorios afectados por el cierre de instalaciones.
La propia OIT estima que los cambios en el uso y producción de energía para lograr los objetivos del Acuerdo de París podrían generar alrededor de 18 millones de empleos en el mundo. Si bien podrían crearse en total 24 millones de puestos de trabajo, también lo es que se perderían 6 millones de puestos, lo que hace necesarias políticas de acompañamiento para proteger a los trabajadores y garantizar una transición justa y trabajos decentes.
Ese concepto de ‘transición justa’ está totalmente alineado con el compromiso de Naturgy para implementar planes de acompañamiento que buscan fomentar la actividad económica en coherencia con el vínculo histórico que la empresa tiene en estos territorios. En sus 180 años de historia, Naturgy ha vivido muchos momentos de cambio, cada uno de ellos enmarcado en unas circunstancias específicas, pero con el denominador común de una sociedad en constante evolución. La empresa ha sabido salir reforzada en cada una de estas transformaciones, poniendo de manifiesto una capacidad de aprendizaje y adaptación continua.
Proyectos alternativos
En este esfuerzo se enmarca la reciente cesión de los terrenos en los que se ubicaba la antigua central térmica de Narcea a las administraciones asturianas para su reconversión en un polígono industrial. Esta actuación incluye, además, el reacondicionamiento del río Narcea y la creación de una EDAR que dará servicio a 500 habitantes de la zona.
También en las últimas semanas hemos conocido que la Comisión Europea incluía al proyecto RoblaHub como uno de los beneficiarios de los fondos europeos destinados a impulsar la transición energética. Este innovador proyecto contempla la construcción de una planta de hidrógeno verde de 280 MW en los antiguos terrenos de la central y de varios proyectos fotovoltaicos en el entorno de La Robla.
Estos trabajos se enmarcan dentro del ‘Acuerdo por una Transición Energética Justa para las centrales térmicas en cierre’. Una alianza que recoge el compromiso del Gobierno de España, empresas, Naturgy entre ellas, y sindicatos para garantizar el empleo y la reactivación económica de las zonas afectadas por el cierre de las centrales térmicas localizadas en Aragón, Andalucía, Principado de Asturias, Castilla y León y Galicia.
La transición energética tiene una motivación totalmente diferente a las anteriores, ya que al sector energético se le exige cambiar para seguir ofreciendo lo mismo, es decir un suministro de energía fiable, segura, económica y ambientalmente respetuosa, pero con un impacto sobre el clima que sea neutro.
En definitiva, estamos inmersos en una transformación sin precedentes que desembocará en un cambio en nuestro modelo productivo y en una economía verde que generará empleo en zonas rurales o de despoblación. Esta transición requiere tiempo, contar con objetivos ambiciosos, pero realistas, y con certezas que garanticen que las inversiones y las medidas implementadas en los territorios sean sostenibles en el tiempo. Todo ello con el objetivo de que nadie se quede atrás; ni las personas, ni las empresas, ni el planeta.
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