Expertos coinciden en que los inversores en renovables deben contar con reglas del juego claras para afrontar la toma de decisiones

· Consideran que sus decisiones deben hacerse de acuerdo con el esperado retorno económico de los agentes, basadas en su mejor criterio de valoración de las incertidumbres del mercado.

· También han coincidido en señalar que asegurar la firmeza de la generación y la cobertura financiera son algunas de las dificultades a las que se enfrenta el mercado mayorista.

Fundación Naturgy ha presentado el estudio ‘La regulación del mercado eléctrico mayorista ante el nuevo entorno europeo’, elaborado por EY, en el que se analiza el nuevo marco regulatorio comunitario y su impacto sobre el desarrollo del sector eléctrico.

Este informe está realizado a partir de la visión de economistas de reconocido prestigio cuya trayectoria profesional ha estado vinculada al sector energético a alto nivel, como Luis Atienza, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación entre 1994 y 1996, y presidente de Red Eléctrica entre 2004 y 2012; Maria Teresa Costa-Campi, presidenta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) entre 2005 y 2011; María Fernández, vicepresidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) entre 2013 y 2020; Pedro Mejía, presidente de OMEL desde 2009 hasta 2017 y secretario de Estado de Turismo y Comercio entre 2004 y 2008; Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital del Gobierno de España entre 2016 y 2018; Diego Rodríguez, consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) entre 2013 y 2017; y Miguel Sebastián, ministro de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de España entre 2008 y 2011.

Durante el coloquio moderado por José Luis Gil, director general de Gases Renovables de Naturgy, e introducido por Antonio Hernández, socio de Sectores Regulados y Análisis Económico y Sostenibilidad de EY, los expertos participantes en el informe han podido compartir sus visiones personales sobre los próximos retos regulatorios del sector y sobre la necesidad o no de modificar la vigente Ley del Sector Eléctrico en España. Así, han coincidido en señalar que asegurar la firmeza de la generación y la cobertura financiera son algunas de las dificultades a las que se enfrenta el mercado mayorista.

El grupo de expertos considera que la Reforma del mercado eléctrico de la Unión Europea no ha alterado los principios y reglas básicas del funcionamiento del mercado y, por tanto, la Ley del Sector Eléctrico no debería en principio verse modificada. No obstante, varios de los participantes en el documento coinciden en señalar que antes de valorar potenciales cambios normativos, es necesario eliminar la mayoría de las intervenciones realizadas en el mercado mayorista lo antes posible, ya que los cambios reglamentarios que sean necesarios se deben realizar tras intensos debates y poniendo énfasis en los impactos que tendrían sobre el consumidor. De esta forma, consideran que se permitiría que los precios actuasen como señal de escasez, que es su verdadero papel, y los beneficios como señal de inversión, permitiendo volver a una situación de homogeneidad en el mercado interior europeo, una vez se han estabilizado los efectos de la crisis energética.

El rápido despliegue de renovables y nuevas tecnologías como el almacenamiento, junto con el impulso y los cambios de la Reforma europea del mercado, llevan a reflexionar sobre posibles nuevos escenarios en cuanto a la operativa e integración de los agentes y los mercados. Por eso, consideran que contar con una planificación acorde, transparente y adecuada a los retos del nuevo escenario es crucial para que los inversores vean que sus proyectos tienen continuidad y que contarán con la infraestructura de red necesaria.

Así coinciden en señalar que las decisiones de inversión deben hacerse de acuerdo con el esperado retorno económico de los agentes, basadas en su mejor criterio de valoración de las incertidumbres del mercado. Por ello, las reglas del juego tienen que estar lo más claras posibles.

Entre los expertos, hay consenso en considerar que el desarrollo del almacenamiento es clave en el proceso de descarbonización, pues sin su despliegue masivo no va a ser posible alcanzar los niveles de penetración de renovables establecidos para 2030. Para ello, el propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) contempla a esa fecha 22GW de almacenamiento energético (18,5 GW sin tener en cuenta el termoeléctrico).

Ante la existencia de un alto número de nuevas unidades de producción renovables, no gestionables, habrá mayores restricciones técnicas y la diferencia de costes marginales será mayor, lo que hará que el coste de oportunidad sea más variable y dinámico.

Por ello, plantean diferentes casuísticas asociadas a la necesidad de realizar cambios sobre la operativa en el mercado eléctrico ante el cambio en el mix energético. No obstante, en lo que existe discrepancia de opiniones es sobre cómo deben de actuar los organismos reguladores con relación a los posibles comportamientos anómalos por parte de los agentes, asociados principalmente al poder de mercado.

Existen dos puntos de vista entre los expertos respecto a la preservación de la oferta del mercado diario y la preferencia por la libertad en las decisiones de oferta. Algunos defienden la preservación de la oferta del mercado diario mientras que otros abogan por la libertad de las unidades de oferta para contribuir al sistema de manera flexible, independientemente de su participación en la casación del mercado diario. En lo que coinciden es en señalar que no se debería regular cómo ofertar en el mercado, más allá de vigilar posibles problemas de competencia.

Los expertos plantean varios puntos importantes relacionados con los contratos por diferencias (CfDs) en el sector eléctrico y su impacto en los consumidores, así como en el marco regulatorio. Por ello, algunos de los expertos indican que no es necesario plantear en este momento un calendario de subastas, pues el propio mercado ya estaría dando señales de que el impulso al desarrollo de nueva potencia no requiere de su intervención. Asimismo, contar con unos objetivos elevados de desarrollo mediante subastas o dar a conocer la cantidad de potencia precisa podría desincentivar los PPAs privados y dar lugar a determinados comportamientos estratégicos de algunos de los agentes, que podría redundar en el perjuicio de los consumidores.

En contraste con esta visión, otra parte del grupo de expertos sí que hace hincapié en la necesidad de actualizar y extender el calendario actual, para que se facilite la toma de decisiones por parte de los inversores, que ya de por sí cuentan con otras muchas incertidumbres regulatorias y de mercado.

Entendiendo que la convivencia entre CfDs públicos y PPAs privados es esencial, la potenciación de estos últimos es clave para conseguir esa estabilización de precios y reducir la volatilidad del mercado. Coinciden en señalar que para el fomento de los PPAs se debería hacer un análisis específico sobre todas las barreras que dificultan su desarrollo,

Para un correcto impulso de los PPAs en España apuntan que es imprescindible que las normas contables y tributarias estén perfectamente claras y se orienten a favorecer estos esquemas de desarrollo de renovables, ya sea en su versión de entrega física o de carácter financiero.

En definitiva, el informe recoge que la regulación deberá anticipar y adecuarse a los cambios estructurales derivados del nuevo entorno, lo que permitirá aprovechar el gran potencial en energías renovables de nuestro país, gracias a su privilegiada posición geoestratégica, promoviendo la atracción de nuevas inversiones industriales y un mayor crecimiento económico a medio plazo.

Visión de inversores y consumidores

Las intervenciones de los expertos participantes en el informe se ha completado con un coloquio para recoger la visión de inversores y consumidores en el que han participado José María González Moya, director general de la

Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA); Luis Marquina, presidente de la Asociación Española de Baterías y Almacenamiento Energético (AEPIBAL); Pedro González, director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE); y Antonio Hernández, socio de Sectores Regulados y Análisis Económico y Sostenibilidad de Consultoría Sector Energía de EY.

Preguntados sobre si podría ser interesante promover la contratación física a plazo complementado con un mercado diario de ajustes, Pedro González ha señalado que “cuando vemos la reforma del diseño de mercado hay una cuestión que hay que dar respuesta, que es cómo evitamos que la volatilidad se traslade a los consumidores. En este sentido, el primero de los pasos es facilitar las posibilidades de contratación”. En esta línea, para José María González Moya, “el mercado eléctrico español funciona. Hay que valorar si es el resultado adecuado en el equilibrio entre oferta y demanda, que debe ser el objetivo del mercado, más que apostar por una forma u otra de contratación”.

En lo que han coincidido es en su visión sobre la contribución al equilibrio de mercado que deben realizar los instrumentos de contratación. Uno de los motivos de desequilibrio, señalan, es también la reducción de la demanda.

Sobre la entrada de nuevas tecnologías, han estado de acuerdo en que la competencia de las distintas tecnologías en todos los mercados debería redundar en un beneficio para el consumidor. Así, Pedro González ha apuntado que “lo interesante para el consumidor es que se reduzcan los costes y que se maximice la eficiencia, independientemente de la tecnología que lo consiga”.

Para Luis Marquina, el reto para el mercado es habilitar todas las vías de ingreso posibles. Además, ha afirmado que “la firmeza y flexibilidad que sería deseable en un mercado lo podría aportar el almacenamiento, pero hay que saber gestionar ese activo”. Ha indicado que el “almacenamiento avanza con buena línea, pero en el que aparecen renglones torcidos. El sumatorio total es positivo, pero falta cerrar el círculo regulatorio, ya que falta planificación”.

González Moya ha resaltado que “el almacenamiento nos va a ayudar a llevar puntas solares pero lo que necesita el sistema son grandes centrales, como los bombeos. En la electrificación es fundamental actuar sobre la demanda”.

Sobre las demandas del consumidor industrial, Pedro González ha cerrado su intervención apuntando que “necesitamos igualdad de condiciones respecto al resto de consumidores electrointensivos de nuestro entorno. Es fundamental para garantizar la competitividad”.

En la apertura de la jornada, Rafael Villaseca, presidente de Fundación Naturgy, ha destacado la evidencia de que “el mercado mayorista eléctrico es volátil por no decir voluble. Hemos pasado de una situación de elevadísimos precios a otra en el extremo contrario, lo que genera gran confusión”. Sobre cómo evitar la situación de incertidumbre, Villaseca ha afirmado que la solución no está clara pero que “uno de los problemas es la aparición de una oferta que prácticamente no tiene costes variables, por lo que jugar con esa realidad no es el único reto, pero sí muy relevante”.

Fundación Naturgy

Fundación Naturgy tiene, entre sus líneas de actuación, transferir conocimientos especializados sobre las nuevas tecnologías energéticas y las claves de la transición hacia un sistema de energía más sostenible, así como divulgar valores de preservación del medio ambiente y el consumo responsable de energía.

Creada el año 1992 por la compañía energética, también desarrolla programas de acción social, incidiendo especialmente en actuaciones destinadas a paliar la vulnerabilidad energética, así como un programa formativo para promover la mejora de la empleabilidad en el sector energético y contribuir a la promoción del empleo verde.

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